Ante el crecimiento de una importante demanda de servicios de atención de salud mental en nuestro país en los últimos años, (según la OMS, la prevalencia de trastornos como la ansiedad y la depresión en España aumentó un 25% en el primer año de la pandemia de COVID-19, y esto es sólo un ejemplo) se ha de tener en cuenta el derecho que tiene la ciudadanía de contar con las garantías, por parte de las administraciones públicas, de facilitar el acceso a un servicio de atención sanitario profesional, rápido y eficaz.
Más del 50% de las demandas en atención primaria de nuestro Sistema Nacional de Salud corresponden a problemas relacionados de alguna manera con la salud mental. Al margen de las propias enfermedades y trastornos mentales existen comorbilidades subyacentes a un trastorno específico, depresión, ansiedad, estrés o alteraciones sintomáticas relacionadas con malestares generales psicosomáticos de naturaleza emocional transitoria derivados de aspectos de diversa índole de tipo familiar, social, laboral, etc. y todos ellos se han de resolver igualmente atendidos por personal sanitario competente.
Asimismo, la lucha contra el estigma y el respeto a los derechos de las personas abren nuevos horizontes y planteamientos en cuanto al concepto de enfermedad mental, mucho más tolerante ahora desde el punto de vista social, lo que ha propiciado una mayor visibilización del paciente con problemas mentales, lo que se ha traducido en un mayor número de atenciones sanitarias, agravando aún más el problema de la cobertura asistencial.
El ciudadano ha de poder acceder a estos servicios profesionales y de manera gratuita y sin tener que formar parte de una larga lista de espera para ser atendido en consulta y con la dificultad de dar continuidad a su tratamiento terapéutico, o tener como única alternativa acudir al sistema privado a un coste inaccesible para algunos bolsillos.
De todos es bien conocido el discurso ya abierto hace tiempo sobre la necesidad de contar con un mayor número de profesionales de la salud mental acreditados (psicólogos y psiquiatras), debido a la escasez de personal sanitario especializado en este área. Sin embargo, resulta incomprensible que, existiendo recursos humanos disponibles en el ámbito privado se les vete el acceso al ente público a estos psicólogos.
Las redes de salud mental han de incluir profesionales y actores de diversos perfiles, según las particularidades de cada paciente, y actuar de manera coordinada en la comunidad asistencial, aumentando de esta manera la eficacia del servicio. En este sentido, existen profesionales con las competencias establecidas en la Ley General de Salud Pública 33/2011, de 4 de octubre, que acreditan al Psicólogo General Sanitario para “la realización de investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora del estado general de su salud, siempre que dichas actividades no requieran una atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios”, esto es, sin interferir con la intervención de otros psicólogos especialistas o psiquiatras.
Queda constancia legal de que el Psicólogo General Sanitario está capacitado para atender a todas aquellas personas que necesiten apoyo psicológico. Lo que resulta paradójico es que siendo esto así, se prescinda de un perfil profesional perfectamente cualificado para ejercer la ciencia psicológica en el ámbito privado, pero no en el público, y sin posibilidad de servir de elemento de ayuda a las respuestas concretas a una demanda creciente y a un sistema público de asistencia a la salud mental cada vez más sobrecargado.
Una vez más el capricho institucional de unos cuantos se impone para hacer oídos sordos al llamamiento a la cordura y a la razón por parte del profesional de la psicología sanitaria y para beneficio de la comunidad global.